Hay una forma de enojo que no nace de la empatía por el dolor ajeno, sino del interés de clase. Solamente se activa la indignación cuando conviene; se exagera si sirve y se modera cuando compromete. En buena parte de la comentocracia conservadora y ciertos grupos de WhatsApp, funciona un mecanismo muy afinado de lamento histérico frente a los errores del gobierno y un silencio cómplice cuando la discusión toca a la soberanía.
La indignación selectiva consiste en elegir con precisión quirúrgica qué verdades amplificar y cuáles volver invisibles. Funciona porque parte de hechos reales —tropiezos en la gestión pública, fallas en obras de infraestructura, funcionarios que no dan el ancho—, pero los convierten en el centro absoluto del debate, dejando la reducción de la pobreza, el Plan México, los avances en seguridad y el fortalecimiento del empleo fuera del análisis. Pero cuando ocurre un hecho vergonzoso, que no puede esconderse ni matizarse, lo único que queda es rebajarlo hasta que deje de escandalizar.
En Chihuahua, dos agentes de la CIA murieron después de participar encubiertos en una operación sin autorización federal. La presidencia señaló que no había sido informada. Al mismo tiempo, en Washington se instala de nuevo la idea de que la corrupción vinculada al narcotráfico podía perseguirse con expedientes y tribunales propios, con antiguos miembros de cárteles bajo custodia estadounidense como testigos. La coincidencia con la revisión del T-MEC no vuelve menos político el gesto; al contrario, lo hace más claro, porque no se trata solo de combatir la corrupción, sino de establecer condiciones y margen de maniobra para la negociación.[1]
Para que la normalización funcione en México hay que desplazar la mirada de los indicadores de bienestar hacia cualquier escándalo fabricado para colocar a todos los actores políticos en el mismo nivel. Ese desplazamiento fue visible en una anécdota reveladora: cuando el incidente de Chihuahua llegó a las mesas de análisis, Leo Zuckermann reconoció la gravedad del hecho, pero de inmediato lo colocó en la misma balanza que la incompetencia y la corrupción gubernamentales. Esta traición, en su lógica perversa, fue tan solo un desatino más en el ejercicio de la función pública.[2]
Normalizar consiste en rebajar un hecho político hasta volverlo asunto administrativo. La soberanía deja de ser un principio constitucional irreducible y pasa a ser una variable técnica. El vocabulario de la minimización cumple la función de evadir responsabilidades. Un incidente no es lo mismo que violentar el territorio, una tragedia no es lo mismo que una intervención y un exceso no es igual a querer entregar nuevamente lo ajeno.
Cada vez que se amplifica el caos y se solapa cualquier injerencia se envía el mensaje de que México no puede gobernarse solo, basta con insinuar que el orden depende de agentes externos. Muchos lo piensan sin decirlo, otros lo repiten sin pensarlo. A ese mecanismo se suma la omisión deliberada de los corruptores. Cuando el embajador Johnson[3] habla de corrupción, el dedo apunta al servidor público mexicano,[4] nunca se detiene en el otro extremo de la transacción: la empresa que financió campañas, el despacho jurídico que frena regulaciones ambientales, el actor extranjero que se colude con grupos criminales, como la minera canadiense Orla Mining.[5] El que corrompe se vuelve invisible; el funcionario corrupto recibe la condena pública.
La indignación selectiva les permite a las élites presentarse como defensoras del orden mientras esconden las privatizaciones y concesiones obtenidas como intermediarias históricas del poder económico internacional. Sus gerentes administran la subordinación; sectores aspiracionistas la defienden. Unos se benefician; otros, reafirman su ilusión de pertenencia. Juntos convierten cualquier error gubernamental en tragedia nacional y el entreguismo en detalle menor.
La pregunta no es si hay razones para indignarse. Las hay. La pregunta es por qué en unos la indignación se queda en aspavientos y en otros se convierte en acción solidaria. El incompetente se equivoca; el corrupto defrauda; el corruptor compra. Quien cede la soberanía entrega el país. No es lo mismo simular dolor que organizar la exigencia. No todos se indignan por México.
Lo que estos tiempos de transformación demandan a los mexicanos es la misma convicción que Juárez mantuvo viva cuando la república viajaba en una diligencia y el invasor y los conservadores ocupaban la capital, la resistencia con la que China superó un siglo de humillaciones y la dignidad que sostiene a Cuba desde hace décadas frente al embargo.
Defender la soberanía no es un gesto romántico, es una condición de lo demás. Por el bien de todos, primero los traidores.
[1] Alista EU campaña contra políticos corruptos de México.- LAT
[2] Denise Maerker le cierra la boca a Leo Zuckermann – YouTube
[3] ¡Bienvenido, embajador! – El Soberano
[4] La impunidad de siempre invita la intervención – Eduardo Ruiz-Healy
[5] Canadian firm ignored worker complaints over drug cartel-management links at Mexican gold mine, sources say | CBC News
