Hace un año la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el primer decreto de Reforma Electoral promulgado el 27 de diciembre de 2022 por violaciones al proceso legislativo. El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que se preparó para enviar una iniciativa de reforma constitucional que modifique al Poder Judicial, confiando que Morena obtendrá una mayoría en las elecciones para el Legislativo en 2024. A esta aspiración, que más allá de ganar las elecciones busca obtener la mayoría calificada en el Congreso, se le llamó el Plan C.
La Corte en funciones fue impuesta en 1995 por el presidente Zedillo —anticipando que el PRI no podría sostener la mayoría legislativa por mucho tiempo más— para dar continuidad a las reformas constitucionales que le dieron un marco legal favorable al modelo neoliberal para al despojo sistemático de la riqueza de la nación y el empobrecimiento de las mayorías. Pero, a diferencia de aquella ocasión en la que la SCJN fue disuelta por Zedillo —para aprovechar el desconcierto derivado del shock económico del “Error de diciembre”—, AMLO propone una vía democrática para reformar al Poder Judicial y, así, darle continuidad a la Cuarta Transformación de la vida pública de México. Esta vez, la ciudadanía tendrá un rol esencial en decisiones que, a lo largo de la historia, han sido monopolizadas por el poder político.
La imposición del modelo neoliberal en México se hizo a la par que Estados Unidos establecía el “Nuevo Orden Mundial” proveniente del debilitamiento y la caída del bloque soviético.1 Esto, aunado al fenómeno del sobreendeudamiento derivado de los shocks petroleros, con un aparato estatal plagado de tecnócratas adoctrinados en los EE.UU. y el fraude electoral de 1988, hizo inútil la resistencia de los sectores populares para impedir que México fuera arrastrado hacia el modelo neoliberal.
Después de cuatro décadas, el escenario geopolítico que enfrentamos tiene elementos similares. La guerra económica entre el bloque occidental y China se ha extendido a todos los países para controlar sus recursos materiales y los flujos financieros. La tácticas de desestabilización de países estratégicos del sur global -bloqueos comerciales, guerra judicial, promoción de conflictos internos y guerras mediáticas incitando revoluciones de colores para establecer gobiernos serviles a los intereses occidentales-2, ahora son utilizadas en contra de la población de sus países, que desde la crisis financiera de 2008, han enfrentado movilizaciones y protestas sociales por las crueles medidas de austeridad impuestas a su población.3
La guerra económica contemporánea nos llega bajo el nombre de “El pacto por México”, establecido entre el PRI y las dirigencias de los partidos derrotados en 2012, en el que se promovieron cambios a la Constitución llamadas “Reformas Estructurales” con el fin de darle otra vuelta de tuerca en contra de los intereses del pueblo de México. La lucha por revertir las reformas derivadas de este pacto cupular, a todas luces antidemocrático, define la pugna entre los poderes Ejecutivo y Legislativo en contra de la SCJN. Esta última, que defiende a ultranza el orden neoliberal que la engendró, ha sido incapaz de adaptarse para responder a las demandas sociales expresadas en las urnas por la mayoría de los mexicanos. Carente de controles democráticos, la SCJN tampoco goza de buen prestigio en la sociedad, ya que le ha dado la espalda a la mayoría de los mexicanos privilegiando la impartición de justicia a quien puede pagar por ella.4
Ahora, más que nunca, es posible liberarse de las ataduras de la SCJN por una vía pacífica y legítima. Algo urgente para continuar con la transformación, porque una SCJN controlada por intereses geopolíticos es suficiente para desatar nuevamente una Guerra Judicial en México, como lo fue ese burdo intento de desafuero que vivimos en 2005 así como los lamentables procesos que vivieron tanto Lula como Dilma Rouseff en Brasil, Cristina Fernández en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Pedro Castillo en Perú, y Rafael Correa en Ecuador.
¿Estaremos la mayoría de los mexicanos a la altura del enorme reto que implica otorgarle al Movimiento de Regeneración Nacional la mayoría calificada? ¿Estarán sus dirigentes y los legisladores que resulten electos a la altura de los electores que les favorezcan con su voto? La tradición de las Constituciones de Apatzingán de 1814, la de la República Federal de 1824, la de la Reforma Liberal 1857 y la de la Revolución Mexicana de 1917 nos exigen ser superiores a nuestra época para reflejar en la Constitución los derechos que garanticen los valores del Humanismo Mexicano5 como contrapeso a los poderes económicos y mediáticos internacionales.
Referencias:
[1] El F.M.I., La Trilateral y un Nuevo Orden Económico y Monetario
[2] De la Revolución de las Rosas a la Marea Rosa: los riesgos del activismo de colores – El Soberano
[4] La Jornada – Sin sentencia, 40% de presos en México
[5]Presidente reafirma eficacia del Humanismo Mexicano en su 5° Informe de Gobierno – AMLO