¿Cuándo un ciudadano que combate para una potencia extranjera es un traidor, y cuándo es simplemente una víctima de circunstancias que nunca eligió? Ante esta pregunta, el dilema de la lealtad se vuelve incómodamente ambiguo. Un reciente reportaje en Prospect Magazine ofrece un ejemplo extremo de cómo la guerra en Ucrania ha vaciado de significado las categorías convencionales de lealtad y traición.
En su artículo “¿Qué hace a un traidor?”, Jen Stout describe la tragedia de un minero de Donetsk convertido en soldado contra su voluntad. Enfermo, discapacitado y padre de un joven muerto tras ser reclutado de la misma manera, fue enviado al frente por autoridades que ignoraron sus condiciones médicas. Hoy purga una condena por alta traición en Ucrania. Su historia no es excepcional, ya que investigadores de The Reckoning Project han reunido decenas de testimonios de trabajadores y estudiantes capturados por las redes de movilización forzosa rusas y enviados a una guerra contra su país.[1]
El drama de los ucranianos en los territorios ocupados ilustra el rostro más violento de la asimetría geopolítica. Cruzando el océano, en un escenario mucho más cercano, la soberanía se disputa a través de la erosión del orden legal: Kurt Hackbarth describe en la revista Jacobin cómo la muerte de dos agentes de la CIA en Chihuahua evidenció operaciones que violaban la legislación mexicana. Ambos escenarios plantean la misma pregunta de fondo: qué pasa con la autonomía cuando una potencia extranjera dicta las reglas del juego en territorio ajeno.[2]
La diferencia entre ambos casos parece evidente. Mientras que en el Donbás encontramos ciudadanos atrapados bajo ocupación militar —sometidos a reclutamiento forzoso y con escaso margen para decidir su destino—, en Chihuahua debemos cuestionar si los funcionarios mexicanos que facilitaron la operación sabían lo que hacían. En Ucrania la coerción fue el mecanismo, en la Sierra Tarahumara hubo colaboración, pero la cuestión más interesante es política, no jurídica. Estos episodios revelan que las grandes potencias rara vez se presentan como simples actores externos, necesitan una narrativa que explique por qué determinadas regiones, gobiernos o poblaciones forman parte de su esfera de interés legítimo.
Rusia construyó durante años la idea de un mismo pueblo dividido accidentalmente por la historia. Ucrania no era presentada como una nación ajena, sino como una extensión natural de una misma comunidad histórica y cultural. Sin embargo, cuando una relación entre hermanos termina definida por botas, ocupación y movilización forzada, el argumento de la fraternidad se convierte en instrumento de subordinación.
Estados Unidos recurre a un discurso diferente, rara vez invoca la historia compartida o la pertenencia a una misma órbita cultural. Su legitimidad se formula en términos universales: seguridad, democracia, combate al narcotráfico y estabilidad regional. Pero precisamente por ello sus intervenciones no se manifiestan mediante anexiones o reivindicaciones territoriales, sino a través de redes de influencia, cooperación asimétrica y operaciones encubiertas que funcionan como una estrategia de control geopolítico.
Uno de los mejores ejemplos es la supuesta guerra contra los cárteles, con la que Estados Unidos justifica su injerencia regional. Una estrategia que genera violencia permanente, debilita el tejido social de los países afectados y, al mismo tiempo, asegura recursos estratégicos, contiene gobiernos incómodos y mantiene presencia en regiones clave.[3]
México conoce bien ese lenguaje, lo ha escuchado durante generaciones bajo distintos nombres. Nuestro país no posee armas nucleares para disuadir ni puede imponer líneas rojas después de hechos consumados. Sin embargo, conserva una memoria histórica forjada por invasiones, intervenciones y ocupaciones. Esa experiencia explica por qué la autodeterminación ocupa un lugar central en nuestra tradición política. Es la condición mínima para que las decisiones del país las tomen los mexicanos. Benito Juárez lo expresó con claridad tras expulsar al Imperio: “El respeto al derecho ajeno es la paz”.
No toda colaboración es traición ni toda obediencia es libre. Pero la pregunta decisiva es quién tiene el poder para distinguir entre una y otra. Las superpotencias disputan tanto territorios como el derecho a nombrar la realidad. Putin llamó «liberación» a la ocupación de Ucrania mientras Washington le llama «cooperación» a sus operaciones encubiertas. Y quienes facilitan desde adentro la intervención extranjera aprenden rápido el vocabulario que les conviene: no admiten ser traidores, se dicen víctimas; no reconocen la injerencia, acusan al Estado de ejercer persecución política. La soberanía no se pierde cuando entran los tanques o la CIA. Desaparece cuando la sociedad adopta el lenguaje del extranjero y renuncia a la facultad de explicarse a sí misma. Para entonces, la conquista ya se ha consumado.
[2] The CIA Is Up To No Good in Mexico
[3] Juan Becerra Acosta en La Jornada – “El cártel que no se nombra”
