En mi artículo “El Alcalde de Ramallah”[1] comparé a los Órganos Constitucionales Autónomos con el ejército de ocupación Israelí en Palestina. Estas burocracias conocidas como instituciones no mayoritarias[2] fueron ideadas para limitar el poder de los líderes electos de manera libre, periódica y transparente, en adición a la tradicional división de poderes, la rendición de cuentas y la prensa libre. Múltiples textos académicos justificaron en su momento la fragmentación del poder político. Sin embargo, vemos que a las democracias occidentales que han acotado el poder ejecutivo les es cada vez es más difícil responder a los retos demográficos, migratorios y climáticos que enfrentan ante el rampante poder económico y financiero internacional que les condiciona su acción de muchas maneras y que se presentan con múltiples máscaras ante la sociedad.
Las formas institucionales no mayoritarias adoptadas en el mundo incluyen agencias reguladoras independientes encargadas de supervisar y facilitar la competencia, bancos centrales encargados de conducir la política monetaria, tribunales constitucionales especializados y organismos supranacionales. En México tenemos de todo y, aunque les llamamos autónomos —y de hecho lo son del Poder Ejecutivo—, es preciso analizar el verdadero poder al que pudieran estar sometidos.
El Banco de México, como parte de la red de Bancos Centrales del mundo, está acotado por el Banco de Pagos Internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, las empresas de Medios de Pago internacionales, etc. Sin embargo, el poder que más influencia ejerce en la política monetaria es, muy posiblemente, los gigantescos fondos de inversión como Vanguard y Blackrock.
Si analizamos a la Fiscalía General de la República, no queda duda de que el Poder Judicial es el que en mayor medida acota su capacidad de acción. Ese estrecho círculo de jueces, magistrados y ministros que ofrecen justicia en México al mejor postor desde hace más de un siglo, ya sean estos políticos, terratenientes, empresarios, delincuentes o todas las anteriores. ¿De qué otra manera podemos explicar la insistente urgencia por liberar a personajes como el “Güero Palma” cuando 4 de cada 10 personas presas en México no tienen sentencia?[3]
Hablemos de la Coneval y del INEGI, que se dedican a hacer registros estadísticos que no parecieran estar sujetos a más restricciones de las que su mandato les impone. Medir lo que se puede medir y no lo que debemos nos obnubila, pero al menos sabemos que el problema no está en un poder externo, sino en sus propias capacidades metodológicas. Lo anterior no es el caso del IFT. Los llamados “Agentes Económicos Preponderantes”, manera muy ambigua para referirse a las empresas que sustentan el monopolio en los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión, tienen tal poder e influencia en la operación del regulador, que incluso benefician a los competidores menores con los que se reparten el mercado, como es el caso de las multas a las que unos y otros se hicieron acreedores y que les fueron condonadas recientemente por el Instituto que les regula[4].
En un país de duopolios en múltiples industrias; refrescos, botanas, cerveza, cemento, aerolíneas, medios de pago, salas de cine, telefonía celular, televisoras y TV de paga, la Cofece se autoevalúa con un 99.7% de cumplimiento en su gestión operativa[5] en 2022, año en el que solamente fue capaz de multar a compañías de distribución de gas LP y de transportación terrestre por prácticas monopólicas. Si analizamos el INAI, por reservar información del caso de Odebrecht[6] y por su notable incapacidad de divulgar la información de créditos y condonaciones fiscales por más de cuatro años[7], nos preguntamos de qué sirve tanta autonomía sí toman partido y la información, cuando se llega a conocer, es mediante largos y costosos litigios.
Nos llevaría otro artículo completo ahondar sobre las múltiples ONG[8] que financia George Soros por medio de la Open Society Foundations y que asedian la autonomía de la CNDH y de cómo las agencias del gobierno norteamericano USAID y la NED apoyaron al INE que no se toca[9] y la reforma educativa que dio a luz al efímero INEE e incitaron la masacre de Nochixtlán[10].
La autonomía a los órganos constitucionales autónomos ha sido una simulación muy sofisticada y onerosa que desvía la atención de quienes ostentan el verdadero poder: esas oligarquías globales que se benefician de la incapacidad de nuestras autoridades para atender las demandas populares. De la consecuente desilusión ciudadana se aprovechan para tenernos discutiendo entre nosotros posturas políticas y remedios ficticios a la concentración de poder económico, mediático y político, para que todo siga igual.
El alcalde de Ramallah – El Soberano
Theory and Practice of Delegation to Non-Majoritarian Institutions MARK THATCHER and ALEC STONE SWEET
La Jornada – Sin sentencia, 40% de presos en México
IFT regala quitas – El Financiero
Reporte de resultados del Sistema de Evaluación del Desempeño Institucional 2022
AMLO confirma que INAI reservó información de Odebrecht – El Sol de México
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Fundaciones: 100 años de filantrocapitalismo en México y en el mundo
Despedida de Córdova: atar el INE a NED, USAID y, obvio, la CIA
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